Protege nuestra autonomía e independencia profesional
Resguarda nuestras incumbencias profesionales.
Garantiza la idoneidad de la intervención profesional
Genera vínculos de confianza con la ciudadanía y el/la profesional interviniente.
Posiciona al/la profesional como interlocutor válido en la defensa, protección y ejercicio de los derechos de las personas.
Jerarquiza la profesión y fortalece la identidad colectiva.